Un aparato crucial para determinar la edad de los migrantes está sin uso dentro de una caja en Tenerife

Las personas migrantes que llegan a España encuentran un sinfín de problemas administrativos que deben atravesar y uno de los más delicados desde el punto de vista de los derechos humanos es determinar su edad. El archipiélago canario cuenta con la primera Unidad de Estimación Forense de la Edad (UEFE) de España ubicada en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, que actualmente se encuentra a la espera de un ortopantomógrafo, un aparato radiológico para acelerar las pruebas óseas, ya adquirido por el Gobierno de Canarias, pero pendiente de su traslado desde el 25 de enero en una caja de una sala de reuniones de Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife.

Podría parecer un acertijo o un error en el reparto, pero se trata de una decisión política que ha explicado hoy en el pleno del Parlamento de Canarias la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, tras la pregunta de la portavoz del grupo socialista, Rosa Bella Cabrera. Barreto ha señalado en su respuesta a los trabajadores del organismo público, en huelga desde hace meses, alegando que son ellos los que “no quieren” que el aparato esté en sus instalaciones.

Sobre por qué el aparato está en Tenerife, ha indicado que, “entre que se encargó y se recepcionó, se declaró la emergencia migratoria en Canarias y a sugerencia de la Fiscalía Superior de Canarias se decidió que se quedara en Tenerife para hacer toda la cadena de comprobación, y, mientras, se adquirió una segunda unidad, que irá a Gran Canaria”.

Actualmente las pruebas de edad se están externalizando a centros privados, alargando en muchos casos para los jóvenes el proceso administrativo y burocrático tras una travesía traumática.

Desde este periódico nos hemos puesto en contacto con Laura Naveira, médica forense del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, para conocer cómo han recibido las palabras de la consejera. La médica explica que el aparato fue desviado a Tenerife cuando los trabajadores empezaron la huelga, pensando en instalarlo junto a la sala de autopsias. El personal puso de manifiesto entonces el riesgo biológico que entrañaba tener junto a una sala de autopsias una sala donde se realizaran este tipo de pruebas y “la contradicción ética de que los menores tuvieran que estar cerca de una sala de este tipo”.

Además, señala Naveira en representación de sus compañeros y compañeras en lucha, “el ortopantomógrafo solo se podría utilizar por la tarde” y se pregunta por qué “cuando se dieron cuenta del error en lugar de aceptarlo, nos echan la culpa por estar en huelga”.

Naveira matiza, por alusiones, que lo que dijo la Fiscal Superior de Canarias es que “el IML no cumplía con los requisitos para hacer toda la valoración el mismo día”. “No es cierto que no queramos tener el aparato, lo que manifestamos es que no se cumplen los requisitos desde el punto de vista sanitario y ético”.

Las palabras de la consejera han caldeado el ambiente y los trabajadores, que estaban dispuestos a suspender su paro, no lo tienen tan claro. “Incluso estamos pensando en emprender acciones legales, porque se juega con un tema de menores de edad”. Por último, la médica lamenta que “mientras el aparato aquí está tirado, sin uso, en Gran Canaria lo están esperando para ubicarlo en el lugar adecuado”.

Procedimiento para determinar la edad

La primera toma de contacto de los migrantes que llegan por mar es con los agentes policiales que acuden al puerto. Allí se hace una somera valoración inicial de la edad probable del migrante (mayor o menor de 18 años) que, en muchas ocasiones, no presenta documentación y hace uso de la palabra como única prueba. En caso de haber dudas, los expertos en Extranjería de la Policía Nacional solicitan a la Fiscalía la apertura de un procedimiento de estimación forense de la edad que suele comprender entre dos y tres pruebas a realizar: una radiografía de la muñeca; para determinar fusión en la epífisis distal; otra panorámica de la boca; y una Tomografía Axial Computarizada (TAC), que es el método más efectiva que ofrece la tecnología a día de hoy para determinar la edad de personas que aún se encuentran en periodo de crecimiento; cuando el esqueleto está en proceso de formación.

Una vez hecho esto, los migrantes son trasladados por los agentes de seguridad, en colaboración con las ONG, desde los centros de acogida hasta los complejos hospitalarios o privados donde estén realizándose este tipo de exámenes. Después, las personas retornan a los recursos de acogida y la Fiscalía solicita al instituto forense una cita para su valoración. Estas consultas pueden concertarse en días, semanas e incluso meses. De acuerdo con un estudio del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas que analizó los casos evaluados en los últimos nueve años, una persona llegó a esperar hasta 36 meses para ser valorado. Una vez elaborado el informe con la estimación de la edad, la Fiscalía dicta el decreto que determina si se trata de una persona mayor o menor de edad.

Todos estos pasos, al comprometer a distintos organismos y centros, implican trámites tediosos y desfasados en caso de repunte de llegadas de embarcaciones precarias a las Islas. Desde finales de 2020, cuando la Comunidad Autónoma vivió una emergencia humanitaria protagonizada por el indecente “muelle de la vergüenza” en Arguineguín (Gran Canaria), cientos de personas migrantes han esperado “congelados” durante meses por las pruebas óseas de determinación de la edad. Llegó a haber más de 1.700 jóvenes en esta situación en 2021 y eso provocó que niños convivieran con adultos de hasta 40 años en las mismas instalaciones. Los datos ilustran que el IMLCF de Las Palmas ha pasado de valorar entre 30 y 100 casos entre 2014 y 2019, a cerca de 300 en 2020, casi 1.000 en 2021 y alrededor de 625 en 2022 y otros tantos en 2023.